Perlora pública, privatización no . Bajo este lema se concentraron en la mañana de ayer frente a la Junta General del Principado en Oviedo los trabajadores de la ciudad de Vacaciones de Perlora. Como apoyo a las reivindicaciones que los empleados del complejo llevan haciendo desde el año 2004, sus representantes trajeron consigo las más de 3.500 firmas recogidas en toda Asturias para los distintos grupos parlamentarios del Gobierno asturiano. Con estas firmas pretenden evitar la privatización de la gestión del complejo.  [Continúa...]

Para Julio Antuña, presidente del comité de empresa de la ciudad de vacaciones, la actitud de la consejera de Cultura Ana Rosa Migoya "está siendo absolutamente vergonzosa, fascista, prepotente y chulesca. En más de doce ocasiones nos hemos dirigido a ella y sólo hemos obtenido a cambio todo tipo de coacciones". La recurrente falta de inversiones fue en su opinión, el punto de partida de la actual situación.

Los representantes de los trabajadores creen que la Consejera está practicando un auténtico "cerrojazo" al diálogo y opinan que la alternativa de la privatización sería económicamente catastrófica al imponer un sistema de gestión y explotación intensivo, desapareciendo así el tradicional carácter de turismo social que hasta ahora se desarrollaba en éstas instalaciones. Según Julio Antuña "una izquierda que no escucha las reivindicaciones del pueblo no debería calificarse de izquierda" y es por eso que propone a Ana Rosa Migoya una reunión con los resultados económicos de la ciudad de vacaciones sobre la mesa para así plantear medidas que no pasen por la privatización y recolocación de los trabajadores en órganos de las distintas Consejerías del Principado, solución a la que se oponen tajantemente.

Antuña, que cree que el Gobierno planea proceder al cierre de las instalaciones no más tarde del próximo 1 de octubre, aprovechó la concentración para solicitar el cese o la dimisión de la Consejera de Cultura que estaría "persiguiendo a los trabajadores que participan en las movilizaciones". La ciudad de vacaciones fue construida hace más de 50 años. Con la llegada de la democracia el complejo, emplazado en la comarca de Carreño, fue considerado patrimonio de los trabajadores y su gestión pasó a depender del Gobierno del Principado.